La enseñanza concertada tuvo un papel clave en la universalización de la educación, permitiendo que el Estado pudiera ofrecer enseñanza básica gratuita a los chicos del baby boom. Fueron los gobiernos socialistas quienes implementaron efectivamente las previsiones que incorporaba ya la Ley General de Educación de 1970. Pero como se trataba de dar dinero al clero, lo hicieron temerosos de que el asunto disgustara o de que en tales centros comenzara una despiadada y generalizada limpieza de sesos que mutilase cerebralmente a quienes fuimos sus alumnos. Por tanto, se parió una normativa medrosa, parcial, confusa, alicorta y ambigua, que pudo ser presentada al poderoso lobby sindical de la enseñanza pública como una colección de concesiones graciables y notoriamente desiguales al de su sector. En síntesis, se produce una relación triangular: trabajadores-empresas-administraciones. La titularidad de los centros (por cierto, no siempre religiosa) ejerce como empresario: elabora las nóminas y dirige la actividad educativa; sin embargo quien paga a los trabajadores es la administración educativa, que fija cuantas unidades puede tener un centro y dicta, entre otras, las normas que rigen la admisión de alumnos. Por tanto el trabajador, vértice de este triángulo invertido, debe estar y pasar, de facto, por lo que de un modo u otro determinan sus dos empresarios.
Cuando la natalidad descendió, y la red pública podía asumir la prestación del servicio (más teóricamente que en la práctica), se comenzó a discutir la legitimidad de este servicio público, así lo considera la Ley Orgánica de Educación. No obstante, antes, los trabajadores habían estado discriminados salarialmente respecto a sus compañeros funcionarios. Se quebraba así, con el marchamo progresista, el principio de: «a igual trabajo igual salario». A pesar de los compromisos y los asentimientos en privado, el privilegio inexpugnable y rancio del funcionario era determinante: sostenían que en realidad no es el mismo trabajo. En el aspecto más dramático de ese sucio argumento, despunta la verdad de la fuerza de los hechos, resulta que los docentes de la concertada trabajan más y con plantillas más limitadas. Cualquiera puede ver aquí una discriminación, consentida y alimentada por administraciones temerosas: débiles con los fuertes y envalentonadas con los débiles.
Transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas, cada una tiene una política diferente al respecto. Las discriminadoras se justifican en que los centros concertados incumplen las normas, originando que sea la pública la que asume a la mayor parte de la población inmigrante; si se produce así, la administración educativa dispone de instrumentos de coacción suficientes para que los colegios cumplan con la ley, desde las sanciones a la retirada de los conciertos educativos. Sin embargo prefieren el ahogo a la claridad.
Ayer, en Oviedo, un sector cansado y en su mayaría más cerca de la jubilación que de la mocedad, tomó las calles para clamar por un estatuto laboral digno que se les viene negando desde los años ochenta. En realidad, se busca perjudicar a trabajadores de la enseñanza concertada, que además de enfrentarse a los problemas comunes de cualquier docente ya de por sí graves; trabajan más y son peor pagados, además de soportar en ocasiones un despótico poder empresarial. A lo que se une, el sectarismo de un cierto sector que con simpleza y abundantes dosis de desinformación prefiere ser cualquier cosa, antes que ponerse del lado de los trabajadores.
Resultaría conveniente que los representantes de éstos lo hubieran sido, pero no, ahora son políticos profesionales.
