Respuesta

Un follower (a_zunz@) me ha preguntado por mi opinión sobre la sentencia del TEDH a propósito de la doctrina Parot. La amabilidad de la pregunta exige una respuesta, no sin antes advertir que no se referirá a los detalles del caso concreto, sino que lo hará en términos generales.

Nuestra Constitución proclama el principio de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (artículo 9.3 de la Constitución). Es decir, cualquier otro tipo de retroactividad no está vedada constitucionalmente.

Uno de los pilares del derecho es la predictibilidad, cualquier ciudadano debe saber qué consecuencias tienen sus acciones. De este modo, si alguien hace algo que en el momento de su ejecución no es delito, debe tener la seguridad de que si la ley cambia y convierte aquella acción en delito, no será castigado de ningún modo. Este principio protege al buen ciudadano que se desenvuelve con normalidad, haciendo todo aquello que no le está prohibido. En latín, nulla poena sine praevia lege.

En el caso que nos ocupa se trata de valorar si un sistema de redención de penas menos favorable puede aplicarse retroactivamente. Un sujeto comete varios delitos por los que se le condena, sin embargo los beneficios penitenciarios se aplican sobre la pena más grave, sin tener en cuenta el resto. Más tarde el legislador cambia el sistema para que las bonificaciones tomen en consideración el conjunto de las penas. La cuestión es si esta modificación puede aplicarse a alguien condenado por varios delitos antes de la reforma.

La respuesta dada es que el principio de irretroactividad alcanza a este supuesto, e impide aplicar el nuevo sistema que tendría como efecto alargar el tiempo efectivo de prisión. En este caso, el principio de irretroactividad parece proteger a quien cometió varios delitos con la previsión de que, a efectos del cumplimiento de la condena, solo se tomaría en consideración la pena más grave, a la que se aplicarían las redenciones, al margen de las otras penas que le hayan sido impuestas.

En mi opinión, la necesaria protección que tiene que dispensar el principio de irretroactividad debe limitarse a los hechos que son delito. Si se aplica a las ventajas en el cumplimiento de las penas podríamos estar protegiendo al ‘delincuente avisado’.

Esto no contradice ni es incompatible con que la finalidad de las penas sea la reeducación y la reinserción social, tal y como dice el artículo 25.2 de nuestra Constitución. Para alcanzar este objetivo, parece razonable pensar que la estancia en prisión de un reo condenado por una pluralidad de delitos debe ser más larga de la que quien solo ha cometido uno.