Cartas babianas (CVI)

Queridos veraneantes:
El otro libro al que me refería en la última carta es ‘Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana’ de Bernard Schwartz. Es una historia de héroes. Ya no se escribe este tipo de ensayos sobre las peripecias de personas extraordinarias. El mundo está hecho de gente corriente pero no solo. Las sociedades no deberíamos disimular a los hombres excepcionales que tanto nos han ayudado. Al fin y al cabo necesitamos modelos que nos inspiren. Este libro lo hace.

Estados Unidos es una bella construcción jurídica. Un país fundado por granjeros, que sus jueces (y clase jurídica) han contribuido a desarrollar removiendo las estructuras que dificultaban el progreso. Sus grandes debates sociales (armas, aborto, matrimonio homosexual, competencias de la Federación y los Estados &c.) se ventilan en su Tribunal Supremo, el mejor órgano jurisdiccional del mundo. Escribe Tocqueville: «El Tribunal Supremo está situado en un lugar más alto que el que ocupa cualquier otro tribunal conocido… La paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión están en las manos de los siete jueces federales».

El juez Marshall dispuso los cimientos constitucionales de la nueva Nación; y el Tribunal Supremo de Warren estableció los principios constitucionales del Estados Unidos moderno. Amplió el contenido material del Bill of Rights (un republicano como Jefferson insistió para que la Constitución fijara derechos individuales y otro republicano como Warren consolidó una interpretación amplia de los mismos). Y acabó definitivamente con la segregación, poniendo fin a la doctrina de ‘iguales pero separados’ fijada en la sentencia Plessy v. Ferguson (1896).

Pudo ser considerado como un giro radical, pero como certeramente sentencia Schwartz: «Los conceptos y principios que no hace mucho tiempo se nos presentaban como claramente radicales, son hoy reglas jurídicas ampliamente aceptadas».

Destacaré a alguno de nuestros héroes. Un juez que no llegó al Tribunal Supremo, pero que presidió el del Estado de Massachusettes, Lemuel Shaw elaboró una teoría sobre la intervención pública y sus límites en los asuntos de interés general. Dejó una sencilla definición de la potestad de policía en su sentencia (Commonwealth v. Alger): «el poder de policía, el poder delegado por la Constitución en el Congreso para establecer, hacer y promulgar todo tipo de leyes razonables…, que no repugnen a la Constitución, al estar dirigidas a la consecución del bien común».

Cardozo, el juez que sustituyó a Oliver W. Holmes, en un voto particular cuando formaba parte del Tribunal Supremo de Nueva York, en Graf v. Hope Bldg. Corp.(1930), afirmó con rotundidad que: «No tiene el carácter de principio firmemente establecido la regla de que la equity obliga a los que han constituido una hipoteca a ejecutarla, sin consideración de las posibles apelaciones ad misericordiam, por muy urgentes o dignas de respeto que sean estas llamadas a la caridad». Recordando que el derecho debe servir al hombre, y el jurista a su comunidad.

Quien debe rematar esta carta es mi admirado Oliver Wendell Holmes: «la verdad es la única forma en que los deseos pueden llevarse a cabo con seguridad». El derecho debe ser el método para hallar la verdad, y una vez declarada con todo esfuerzo y solemnidad, debe prevalecer salvo prueba en contrario. Lo cierto es que la verdad jurídica no vive sus mejores momentos. A pesar de una absolución limpia y clara, muchos inocentes morirán culpables, con independencia del debido procedimiento legal.

Perdón por la insistencia.

Cuídense.